La realización de actividades del hombre se somete a una regulación ambiental para proteger los distintos medios y valores naturales, y en especial, a los demás ciudadanos.
La realización de actividades del hombre se somete a una regulación ambiental para proteger los distintos medios y valores naturales, y en especial, a los demás ciudadanos. Especial atención dedica la normativa administrativa a las industrias o actividades productivas, por su riesgo de mayores afectaciones medioambientales (vertidos, contaminación acústica, emisiones, etc.).
Nuestro bufete asesora y defiende a los ciudadanos en la defensa de su derecho al medio ambiente y a las empresas en la tramitación de expedientes de concesión de licencias de actividades, en actuaciones preventivas, en expedientes sancionadores, de clausura o de otro tipo.
Nuestro despacho asesora en la toma de decisiones de la actividad industrial en relación con la normativa ambiental y defiende los intereses de las empresas en los expedientes abiertos de inspección, sanción o responsabilidad por causas ambientales.
Nuestro despacho les asesora en la interpretación y aplicación de dicha normativa que debe hacerse respetando tanto los intereses colectivos de protección ambiental, como los derechos de las empresas al desarrollo de su actividad.
Nuestro despacho les asesora en la interpretación y aplicación de la normativa de emisiones, uso de agua, vertidos y contaminación de suelos y defiende sus intereses en caso de expediente de inspección o sancionador.
Esta actividad esté sujeta a un complejo régimen jurídico-administrativo que obliga tanto a industrias y usuarios como a las empresas clasificadas como gestores de residuos de diversa tipología, a los cuales nuestro despacho presta asesoramiento.
El territorio y las personas que en él habitan están dotados de un régimen jurídico de protección frente a las agresiones que puedan producir las actividades humanas.
El medio rural tiene unas características morfológicas y una singularidad económica, estratégica y social que determina la existencia de un conjunto de normas para regular su uso y explotación.
El ordenamiento jurídico establece una normativa reguladora de los espacios naturales y especies especialmente sensibles para asegurar la pervivencia de valores naturales como la flora, la fauna o el paisaje natural.
